El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha vuelto a poner en tela de juicio la indemnización por despido improcedente en España. Según el organismo europeo, la compensación económica actual no es suficiente para reparar en todos los casos el daño causado por el despido, lo que supone una violación del artículo 24.b de la Carta Social Europea. Este artículo garantiza el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justificada a recibir «una indemnización adecuada o una reparación apropiada».
Según informaciones adelantadas por ‘El País’, el Comité ha fallado a favor de la demanda interpuesta por Comisiones Obreras (CCOO), al igual que lo hizo en 2024 con la de UGT. Este nuevo pronunciamiento aumenta la presión sobre el Gobierno para reformar el sistema de despidos, especialmente porque PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de coalición a garantizar una mayor protección a los trabajadores en línea con la Carta Social Europea.
¿Debe España modificar la indemnización por despido?
El debate sobre la obligatoriedad de reformar el sistema de indemnizaciones ha cobrado fuerza en los últimos meses. Carlos Javier Galán, Magistrado-Juez de lo Social, explicó que, aunque algunos juristas discuten el carácter vinculante de la decisión del CEDS, «dado que España ratificó tanto la Carta Social Europea revisada como el Protocolo adicional de reclamaciones colectivas, está obligada a cumplir las resoluciones del Comité como máximo intérprete de la Carta».
Desde el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, han manifestado su voluntad de abordar esta reforma una vez concluyan otros proyectos legislativos prioritarios, como la reducción de la jornada laboral y el Estatuto del Becario. Sumar, cuando Díaz estaba al frente, llegó a proponer el «despido restaurativo», un modelo que consideraría factores como la edad, la antigüedad en la empresa y la situación de vulnerabilidad del trabajador a la hora de calcular la indemnización.
¿Por qué la indemnización actual se considera insuficiente?
Tanto CCOO como UGT han argumentado que el sistema de compensación por despido improcedente en España es deficiente porque impone un límite máximo (33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades). Esto podría impedir, en algunos casos, que se repare realmente el daño sufrido por el trabajador despedido.
En su fallo anterior de 2024, el CEDS afirmó que «la indemnización por despido improcedente debe ser proporcional a la pérdida sufrida por la víctima y suficientemente disuasoria para los empleadores». En este sentido, cualquier tope que impida una compensación proporcional al perjuicio real o que no sea lo suficientemente disuasorio podría ser contrario al artículo 24 de la Carta Social Europea.
Además, el Comité advirtió que estos límites podrían incentivar despidos injustificados, ya que algunos empleadores podrían evaluar la carga financiera de un despido improcedente como un «coste asumible» en términos de análisis de costos y beneficios.
¿Qué pasos tomará el Gobierno?
Aunque el fallo del CEDS sobre la demanda de CCOO sigue siendo confidencial hasta el 27 de junio de 2025, todo apunta a que el resultado es similar al del año pasado. De hecho, CCOO ha solicitado ya la apertura de una Mesa de Diálogo Social para abordar la reforma de la legislación sobre despidos.
El sindicato ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos laborales y el cumplimiento de los estándares internacionales. En un comunicado, declararon que «los pronunciamientos del Comité evidencian los graves incumplimientos de nuestra legislación» y han solicitado al Ministerio Fiscal que intervenga en los procesos judiciales para garantizar el respeto a la Carta Social Europea.
Conclusión
La resolución del CEDS reabre el debate sobre la protección de los trabajadores en caso de despido y podría obligar al Gobierno a modificar la legislación vigente. Con la presión de los sindicatos y el compromiso previo del Ejecutivo, la reforma podría materializarse en los próximos meses. Sin embargo, hasta que el fallo sea público en 2025, el debate seguirá abierto y la decisión final quedará en manos del Gobierno y de la negociación con los agentes sociales.
